Cristina Fernández impulsa modificar el sistema de votación reemplazando el viejo DNI libreta por una tarjeta con entrega de troqueles de comprobante implica una reforma al Código Electoral que demanda mayoría especial en el Congreso, la cual tiene particularidades controversiales, como la posible suspensión y cesantía para los empleados públicos o contratados bajo cualquier régimen o beneficio público que no voten, lo cual asegura el nicho de participación de estatales en desmedro del resto.
Según el proyecto para los ciudadanos que no acumulen los troqueles que acrediten su sufragio rigen las sanciones ya vigentes para trámites burocráticos del actual sistema de DNI libreta, si prospera el nuevo proyecto los empleados públicos o beneficiarios de algún plan social podrán sufrir el despido si no muestran los troqueles a los funcionarios superiores.
El artículo 127 del Código Electoral propuesto, indica que todos los empleados públicos, y entre ellos los beneficiarios de algunos planes sociales como los de las cooperativas, deberán presentar al día siguiente de la elección documentos cívicos y el troquel de votación.
De no haber votado y carecer de justificación, al empleado le corresponde “una suspensión de hasta seis meses“; que tiene agravante en el caso de reincidir en su no votación, recibiendo una sanción de “cesantía” en el puesto que ocupa, por “violación de su deber ciudadano con agravante de su condición de servidor público”, según informó un funcionario de gobierno mentor del proyecto oficial.
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